Cadem: 70% duda que Kast cumpla recorte fiscal de US$6 mil millones

La desconfianza se palpita en los números. Cadem, junto a Plaza Pública, lanzó hace apenas unos días un sondeo que dejó al descubierto una realidad incómoda para el futuro ejecutivo. De las 701 personas consultadas, el grueso absoluto cree que la promesa estrella del presidente electo no va a llegar ni por esas.

Estamos hablando de una cifra redonda y atractiva para los mercados, pero complicada para la política: US$6.000 millones en recortes al gasto público. Es la columna vertebral del plan económico del mandato que comenzará pronto. Sin embargo, hay un 70% de la ciudadanía que, aunque entiende la relevancia, pone el pie derecho en serio. Creen que cumplirlo será extremadamente difícil.

Lo relevante versus lo realizable

Cuando se les preguntó qué medida impactaría más, un 40% apuntó directamente a ese ajuste fiscal. Pero el giro viene después. En cuanto a la viabilidad, la brecha es brutal. Mientras otros propuestos ajustes, como bajar el impuesto a las empresas del 27% al 23%, tienen mayor apoyo técnico, el gran tijeretazo presupuestario enfrenta sospechas masivas.

José Antonio Kast, quien tomará posesión el próximo 11 de marzo, había planteado esto como eje central. La encuestada revelación sugiere que los chilenos leen entre líneas. No es solo cuestión de sumar y restar; es cómo afectar el Estado sin derrumbar servicios básicos.

El 62% también ve con ceño fruncido cambios en indemnizaciones laborales y ajustes al salario mínimo. Parece que la población intuye dónde está el hueso duro de roer. Reducir el déficit en 18 meses exige cirugía, no solo vendajes. Y la gente, sorprendentemente, parece saberlo antes que los técnicos.

Tres pilares bajo la lupa ciudadana

Para entender el peso de la duda, hay que mirar cómo el equipo planea atacar ese montante. El diseño propone tres vías claras:

• Reducción de dotación y sueldos públicos (US$3.000 millones).
• Auditorías profundas ministerio por ministerio.
• Eficiencia operativa eliminando cargos "políticamente asociados".

El punto crítico aquí es el primero. Eliminar personal y ajustar sueldos sin tocar el gasto social, salud o seguridad, es una línea finísima. El futuro gobierno ha asegurado que áreas críticas quedarán exentas. Pero la encuesta marca una tensión latente. ¿Cómo recortar 3 mil millones sin golpear el bolsillo del ciudadano indirectamente?

Otro dato que llama la atención es la aceptación de medidas administrativas. Crear un comité económico permanente en La Moneda tiene un 57% de aprobación popular. Digitalizar el Ministerio del Trabajo, otro 52%. Es decir, a la gente no le mola tanto cambiar estructuras burocráticas si eso implica cortar presupuesto directo.

Expectativas sobre la gestión presidencial

Más allá de la caja, ¿qué esperan de Chile? Un 54% confía en que el país irá bien con el nuevo mando. Es una mayoría, sí, pero con matices. Descendió dos puntos respecto a la semana anterior, lo cual no es bueno indicador en tiempos de transición.

Hay que recordar el contexto inmediato. El presidente saliente, Gabriel Boric, dejó el cargo con una aprobación del 35%. Eso deja un terreno fértil, pero exigente. La gente quiere ver resultados rápidos, no discursos de campaña.

Curiosamente, una nueva medición posterior, publicada el 15 de marzo, mostró un salto interesante: el 57% aprobaba la gestión inicial de Kast tras la primera toma de decisiones. Esto contrasta con la desconfianza de febrero. Sugiere que las primeras acciones podrían estar logrando lo que la planificación macroeconométrica tenía dificultades para convencer teóricamente.

¿Qué sigue en esta ecuación económica?

El cronograma es agresivo. Si el recorte debe verse en 18 meses, el semestre es clave. Los mercados observarán si esos US$6.000 millones salen del papel a la práctica. Hasta ahora, la percepción ciudadana es escéptica, casi premonitoria.

Los analistas señalan que la confianza en la economía suele ser volátil. Una sola decisión fuerte sobre las auditorías ministeriales podría mover la aguja de la encuesta hacia abajo, mostrando menos escepticismo sobre la viabilidad. O, por el contrario, un fallo en la implementación podría confirmar el pesimismo inicial del 70%.

Lo cierto es que el termómetro social está marcado. La sociedad chilena vigila cada decimal de esa propuesta. No basta con proponer; el reto ahora es demostrar que la viabilidad es tan fuerte como la intención.