oct, 10 2025
Cuando Daniel Reyes, alcalde de Municipalidad de La Florida confirmó la ejecución del desalojo de la toma DignidadLa Florida a las 08:35 hrs del jueves 9 de octubre, la noticia recorrió rápidamente los barrios de la capital. El operativo, que involucró entre 300 y 800 Carabineros de Chile, dejó al descubierto la fragilidad de un asentamiento que había surgido en 2019 durante el estallido social.
Antecedentes y contexto de la toma Dignidad
La zona conocida como Quebrada de Macul ha sido escenario de varios desastres naturales. En 1993 un aluvión mortal arrasó la zona, cobrando 25 vidas, y en noviembre de 2024 un incendio devastó alrededor de 50 viviendas improvisadas. Estos sucesos, sumados a la topografía abrupta, hacen que el terreno sea calificado como de alto riesgo geológico.
El asentamiento, llamado «toma Dignidad», surgió como una respuesta a la falta de vivienda asequible. Según el último catastro municipal, el lote alberga exactamente 193 familias, lo que equivale a más de 600 personas. La cifra inicial de 750 familias, citada por algunos medios, provenía de estimaciones no verificadas realizadas en los primeros meses del proyecto.
Desde su creación, la comunidad ha recibido apoyos esporádicos de organizaciones no gubernamentales, pero la falta de servicios básicos –electricidad, agua potable y seguridad estructural– siempre estuvo presente. Por eso, la administración actual decidió actuar.
Detalles del operativo del 9 de octubre
El día del desalojo, ENEL procedió al corte del suministro eléctrico, retirando los cables del tendido que alimentaba la zona. Minutos después, la compañía de agua municipal suspendió el flujo para evitar posibles accidentes.
Una flota de al menos tres retroexcavadoras, operadas por la empresa municipal de servicios, ingresó al sector para derribar las viviendas improvisadas. La maquinaria pesada trabajó bajo la supervisión de unidades especiales de Carabineros de Chile, entre ellas el GOPE (Grupo de Operaciones Policiales Especiales) y el COP (Comando de Operaciones Policiales), además de agentes de diálogo y personal territorial.
Durante el proceso se registraron incidentes menores: una mujer lanzó piedras contra los agentes y fue detenida, y según otro medio, dos personas fueron arrestadas por desórdenes y posesión de drogas. No se reportaron heridos graves.
En total, el operativo movilizó:
- 300 uniformados en primera línea.
- 400 funcionarios municipales para apoyo logístico.
- 800 efectivos totales según fuentes de prensa.
La calle Sánchez Fontecilla estuvo cerrada durante varias horas, y la autoridad municipal emitió recomendaciones a la población para evitar el tránsito en la zona.
Reacciones de autoridades y vecinos
El alcalde Daniel Reyes declaró: «Este terreno es inhabitável, con un riesgo permanente de aluvión. No podemos permitir que familias sigan expuestas a ese peligro. Nuestro deber es ejecutar esta tarea con responsabilidad y seguridad para la comunidad».
Sin embargo, algunos residentes denuncian que los subsidios prometidos no se han materializado. La Municipalidad anunció 41 subsidios de arriendo para las familias desalojadas, y el municipio vecino de Peñalolén ofreció 11 más. Según los vecinos, sólo se han entregado dos de los tres paquetes de ayuda que se anunciaron inicialmente.
Asimismo, la municipalidad informó haber recibido amenazas de muerte contra el mismo alcalde y contra funcionarios clave. La policía abrió una investigación, pero hasta la fecha no se ha identificado a los responsables.
Impacto social y garantías de vivienda
El desalojo dejó a más de 600 personas sin techo inmediato. Las organizaciones sociales están coordinando albergues temporales en escuelas y centros comunitarios, aunque la capacidad es limitada.
Expertos en vivienda del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) señalan que la zona requiere una solución a largo plazo: reubicación en barrios con infraestructura adecuada y programas de préstamo social. El gobierno nacional ha anunciado que evaluará la posibilidad de incluir a las familias en el programa de subsidios de construcción de viviendas sociales, pero el proceso podría tardar varios meses.
En términos de seguridad, la evacuación reduce el riesgo de nuevos aluviones o incendios, pero también genera tensión al desarraigar a personas que ya habían creado una red de apoyo en la comunidad.
Próximos pasos y desafíos pendientes
En los próximos días, la Municipalidad de La Florida planea:
- Entregar formalmente los 41 subsidios de arriendo pendientes.
- Coordinar con el Ministerio de Desarrollo Social la asignación de viviendas temporales.
- Iniciar estudios de riesgo geológico para evitar futuros asentamientos en áreas vulnerables.
- Abrir una comisión de seguimiento para investigar las amenazas recibidas.
Mientras tanto, los líderes de la antigua comunidad buscan apoyo legal para impugnar la falta de alternativas habitacionales. La situación sigue siendo un punto de discusión en el concejo municipal, donde se esperan voces críticas sobre la rapidez del operativo y la falta de diálogo previo.
El caso de la toma Dignidad recuerda que la escasez de vivienda en la Región Metropolitana sigue siendo una problemática estructural, y que las soluciones de corto plazo, como los desalojos, deben estar acompañadas de planes de reubicación digna.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas familias fueron desalojadas en la toma Dignidad?
Según el catastro municipal, el desalojo afectó a 193 familias, lo que equivale a aproximadamente 600 personas. La cifra inicial de 750 familias citada por algunos medios resultó ser una sobreestimación.
¿Por qué la autoridad decidió ejecutar el desalojo?
El terreno donde se ubicaba la toma está catalogado como zona de alto riesgo por aluviones e incendios. El alcalde Daniel Reyes argumentó que la permanencia de la comunidad exponía a sus habitantes a peligros permanentes y que el desalojo era necesario para proteger vidas.
¿Qué apoyo habitacional recibió la comunidad tras el desalojo?
La Municipalidad anunció 41 subsidios de arriendo, y el municipio de Peñalolén sumó 11 más. Sin embargo, algunos vecinos reportan que los subsidios aún no se han entregado y que la ayuda ha sido insuficiente para cubrir las necesidades inmediatas.
¿Hubo incidentes de violencia durante el operativo?
Se registró el lanzamiento de piedras contra agentes de Carabineros, lo que resultó en la detención de una mujer. Además, dos personas fueron arrestadas por desórdenes y posesión de drogas, según reportes de medios locales.
¿Qué medidas se están tomando para evitar futuros asentamientos en zonas de riesgo?
El concejo municipal ha solicitado estudios de riesgo geológico y está trabajando con el Ministerio de Vivienda para crear planes de reubicación. Se prevé la apertura de una comisión que supervise la implementación de estas medidas y que evalúe la seguridad de áreas vulnerables.
Miguel Ramírez
octubre 10, 2025 AT 04:21El operativo muestra la necesidad de políticas preventivas, aunque la falta de alternativas deja a cientos sin techo. :)
bernardita larrain garcia
octubre 11, 2025 AT 02:34Entiendo la complejidad del tema y agradezco la información detallada del artículo. Es fundamental que la municipalidad acompañe a las familias con recursos reales y no solo promesas. Ojalá se acelere la entrega de los subsidios anunciados y se busquen soluciones de vivienda digna para todos.
Ruth Esther Araya Muñoz
octubre 12, 2025 AT 00:48¡Exacto! Cada familia merece una solución segura y humana. 💪🏽 La urgencia es real y no podemos esperar meses para actuar. 🌟
Yocelyn De Santos Vergara
octubre 12, 2025 AT 23:01Se percibe una estrategia de fuerza táctica sin diálogo real la cual vulnera derechos básicos y genera resistencia
Johan Manuel Ponce
octubre 13, 2025 AT 21:14En efecto, la administración ejecutó el procedimiento con la rigurosidad de un manual de protocolos.
Juan Pablo Sanchez Mancilla
octubre 14, 2025 AT 19:28¡Vaya, parece que la municipalidad sacó la varita mágica y desapareció 193 hogares en un abrir y cerrar de ojos! 🤯 Pero, ¿dónde están las soluciones “dignas” que prometieron? 🌈💥 No es justo que se usen retroexcavadoras como si fueran brochas de pintar un lienzo, mientras la gente se queda sin techo. 😤✨
Sebastian San Martin
octubre 15, 2025 AT 17:41¿Cachai la situación? Aquí estamos con la gente sin casa mientras los polis hacen su jodiada de siempre. La verdad es que el gov no se preocupa, solo le lanza mano a los ricos y deja a la gente en la calle. Es como si les dijeran "pasa la pelota" y la pelota es la vida de uno. No hay solución si no hay voluntad real, y eso se ve clarito. Así que ponle un toque de compasión, porfa.
Javier Godoy Núñez
octubre 16, 2025 AT 15:54Me parece que el tema necesita un seguimiento continuo. La comunidad debe contar con apoyo psicológico además del material.
María Daniela Sepulveda
octubre 17, 2025 AT 14:08¡Amigos, les comparto algunos contactos útiles! La ONG "Manos Unidas" está coordinando albergues temporales y la fundación "Vivienda Digna" tiene trámites acelerados para subsidios. No duden en acercarse y preguntar, son un gran recurso para la gente afectada.
Cristobal Silva
octubre 18, 2025 AT 12:21Quisiera recalcar la necesidad de un plan integral de reubicación que contemple educación y salud, no solo techo. La colaboración interinstitucional es clave para evitar futuros episodios similares.
Carlos Felipe Bórquez
octubre 19, 2025 AT 10:34¡Esto es otro intento del gobierno de olvidar a los chilenos de a pie! Necesitamos que nuestras voces se escuchen y no que nos sigan sacando del mapa.
Daniel Corvalan
octubre 20, 2025 AT 08:48Lo que vemos en la prensa es solo la punta del iceberg, una narrativa controlada por intereses que no quieren que la gente descubra la verdad. Los medios siempre están alineados con el poder y su agenda, y por eso nos venden la historia del “desalojo necesario”. Pero la realidad es otra: los verdaderos culpables son los mismos que construyen los asentamientos ilegales bajo la fachada de ayuda humanitaria. Si miras los documentos filtrados, notarás que hay contratos de compra de terreno que favorecen a desarrolladores privados, mientras la población vulnerable queda atrapada en la burocracia. Además, el número de familias desalojadas nunca coincide con los números oficiales; siempre hay una subestimación deliberada para minimizar la percepción del desastre. Los Carabineros fueron utilizados como fuerza de intimidación, no como protectores, y sus tácticas de “operativo” son una muestra de la militarización de la gestión social. Por otro lado, la promesa de subsidios es una distracción, una maniobra para dividir a la comunidad y aplacar el descontento con pequeños paquetes que nunca llegan a la mayoría. La comisión de seguimiento que se ha creado parece más una fachada para dar legitimidad al proceso que una verdadera herramienta de justicia. Cada vez que se anuncia un estudio de riesgo geológico, lo que en realidad ocurre es que se buscan excusas para cerrar más áreas y venderlas a intereses inmobiliarios. No olvidemos que la historia se repite: siempre hay una “catástrofe” que justifica la expulsión y la reposición de la tierra a manos privadas. La gente debe despertar, organizarse y exigir transparencia total, porque mientras haya silencio y complicidad, el ciclo de despojo continuará indefinidamente.