Desalojo de la toma Dignidad en La Florida: 193 familias enfrentan la evacuación

Cuando Daniel Reyes, alcalde de Municipalidad de La Florida confirmó la ejecución del desalojo de la toma DignidadLa Florida a las 08:35 hrs del jueves 9 de octubre, la noticia recorrió rápidamente los barrios de la capital. El operativo, que involucró entre 300 y 800 Carabineros de Chile, dejó al descubierto la fragilidad de un asentamiento que había surgido en 2019 durante el estallido social.

Antecedentes y contexto de la toma Dignidad

La zona conocida como Quebrada de Macul ha sido escenario de varios desastres naturales. En 1993 un aluvión mortal arrasó la zona, cobrando 25 vidas, y en noviembre de 2024 un incendio devastó alrededor de 50 viviendas improvisadas. Estos sucesos, sumados a la topografía abrupta, hacen que el terreno sea calificado como de alto riesgo geológico.

El asentamiento, llamado «toma Dignidad», surgió como una respuesta a la falta de vivienda asequible. Según el último catastro municipal, el lote alberga exactamente 193 familias, lo que equivale a más de 600 personas. La cifra inicial de 750 familias, citada por algunos medios, provenía de estimaciones no verificadas realizadas en los primeros meses del proyecto.

Desde su creación, la comunidad ha recibido apoyos esporádicos de organizaciones no gubernamentales, pero la falta de servicios básicos –electricidad, agua potable y seguridad estructural– siempre estuvo presente. Por eso, la administración actual decidió actuar.

Detalles del operativo del 9 de octubre

El día del desalojo, ENEL procedió al corte del suministro eléctrico, retirando los cables del tendido que alimentaba la zona. Minutos después, la compañía de agua municipal suspendió el flujo para evitar posibles accidentes.

Una flota de al menos tres retroexcavadoras, operadas por la empresa municipal de servicios, ingresó al sector para derribar las viviendas improvisadas. La maquinaria pesada trabajó bajo la supervisión de unidades especiales de Carabineros de Chile, entre ellas el GOPE (Grupo de Operaciones Policiales Especiales) y el COP (Comando de Operaciones Policiales), además de agentes de diálogo y personal territorial.

Durante el proceso se registraron incidentes menores: una mujer lanzó piedras contra los agentes y fue detenida, y según otro medio, dos personas fueron arrestadas por desórdenes y posesión de drogas. No se reportaron heridos graves.

En total, el operativo movilizó:

• 300 uniformados en primera línea.
• 400 funcionarios municipales para apoyo logístico.
• 800 efectivos totales según fuentes de prensa.

La calle Sánchez Fontecilla estuvo cerrada durante varias horas, y la autoridad municipal emitió recomendaciones a la población para evitar el tránsito en la zona.

Reacciones de autoridades y vecinos

El alcalde Daniel Reyes declaró: «Este terreno es inhabitável, con un riesgo permanente de aluvión. No podemos permitir que familias sigan expuestas a ese peligro. Nuestro deber es ejecutar esta tarea con responsabilidad y seguridad para la comunidad».

Sin embargo, algunos residentes denuncian que los subsidios prometidos no se han materializado. La Municipalidad anunció 41 subsidios de arriendo para las familias desalojadas, y el municipio vecino de Peñalolén ofreció 11 más. Según los vecinos, sólo se han entregado dos de los tres paquetes de ayuda que se anunciaron inicialmente.

Asimismo, la municipalidad informó haber recibido amenazas de muerte contra el mismo alcalde y contra funcionarios clave. La policía abrió una investigación, pero hasta la fecha no se ha identificado a los responsables.

Impacto social y garantías de vivienda

El desalojo dejó a más de 600 personas sin techo inmediato. Las organizaciones sociales están coordinando albergues temporales en escuelas y centros comunitarios, aunque la capacidad es limitada.

Expertos en vivienda del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) señalan que la zona requiere una solución a largo plazo: reubicación en barrios con infraestructura adecuada y programas de préstamo social. El gobierno nacional ha anunciado que evaluará la posibilidad de incluir a las familias en el programa de subsidios de construcción de viviendas sociales, pero el proceso podría tardar varios meses.

En términos de seguridad, la evacuación reduce el riesgo de nuevos aluviones o incendios, pero también genera tensión al desarraigar a personas que ya habían creado una red de apoyo en la comunidad.

Próximos pasos y desafíos pendientes

En los próximos días, la Municipalidad de La Florida planea:

1. Entregar formalmente los 41 subsidios de arriendo pendientes.
2. Coordinar con el Ministerio de Desarrollo Social la asignación de viviendas temporales.
3. Iniciar estudios de riesgo geológico para evitar futuros asentamientos en áreas vulnerables.
4. Abrir una comisión de seguimiento para investigar las amenazas recibidas.

Mientras tanto, los líderes de la antigua comunidad buscan apoyo legal para impugnar la falta de alternativas habitacionales. La situación sigue siendo un punto de discusión en el concejo municipal, donde se esperan voces críticas sobre la rapidez del operativo y la falta de diálogo previo.

El caso de la toma Dignidad recuerda que la escasez de vivienda en la Región Metropolitana sigue siendo una problemática estructural, y que las soluciones de corto plazo, como los desalojos, deben estar acompañadas de planes de reubicación digna.