mar, 27 2025
El Servicio Electoral de Chile (Servel) ha sido el centro de atención tras aceptar una denuncia presentada por el Frente Amplio (FA) contra el Partido Republicano (PLR). La causa de esta controversia es un video publicado por la juventud del Partido Republicano que celebra el golpe militar de 1973, un tema que sigue siendo altamente sensible en la memoria colectiva chilena.
En el video, las juventudes del Partido Republicano describen el golpe como una intervención necesaria para restaurar el orden durante lo que ellos llaman la ‘crisis política, social y económica’ bajo el gobierno de Salvador Allende. Según el FA, esta representación menoscaba la democracia e infringe el artículo 1 de la Ley de Partidos Políticos, que establece que las agrupaciones políticas deben promover la democracia y los derechos humanos.
Respuesta del Partido Republicano
La respuesta del Servel ha sido categórica; califica la denuncia como ‘seria, plausible y meritoria,’ lanzando así un procedimiento administrativo. Las consecuencias para el Partido Republicano podrían ir desde advertencias y multas hasta la suspensión o disolución en caso de reincidencia.
No obstante, el liderazgo del Partido Republicano, encabezado por su presidente Arturo Squella, ha desestimado las acusaciones, calificándolas de amenazas e intentos de censura. Aseguran que no cederán ante las presiones, defendiendo su derecho a interpretar la historia desde su perspectiva.
Las redes sociales, especialmente la plataforma X (antes conocida como Twitter), han estallado en críticas. Muchos usuarios califican el video como un intento de revisionismo histórico y un respaldo velado al autoritarismo, reavivando viejas heridas en la sociedad chilena.
El trasfondo histórico
El caso vuelve a poner en primer plano las tensiones que existen en Chile sobre la memoria histórica. Para el Frente Amplio y otros grupos políticos, es fundamental exigir responsabilidad sobre el legado del golpe, subrayando los peligros de glorificar acciones que promovieron la violencia estatal.
Este evento refleja no solo una creciente polarización política, sino también un debate más amplio sobre la libertad de expresión y el papel que debería jugar el estado en la regulación de los discursos históricos. ¿Debería permitirse que cada sector político tenga su interpretación de la historia, o hay un deber colectivo de memoria que debe ser protegido?